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España ante el cambio climático

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No hago más que oír hablar de la Cumbre del Clima de París de este año, donde más de 190 países se reúnen para decidir, si es que no se han decidido ya, las medidas que se van a tomar para combatir el cambio climático.

 

Es curioso que después de tantísimos acuerdos internacionales sigamos en las mismas. Recuerdo el Protocolo de Kioto, donde numerosos países industrializados asumieron el compromiso de reducir, en al menos un 5%, las emisiones de algunos gases causa del efecto invernadero durante el periodo de tiempo comprendido entre 2008 y 2012. Y nos encontramos con que tres años después de que finalizara el plazo de cumplimiento de este acuerdo, estamos peor.

Viendo cómo se aplican medidas anteriores podemos suponer cómo se aplicarán las medidas que ahora se aprueben.

 

A nivel europeo encontramos también numerosos acuerdos, directivas, tratados, etc. y veamos cómo ha actuado España:

 

En la Unión Europea la mayor preocupación en este aspecto es la dependencia energética, por lo que aprobó distintas directivas con el objetivo de reducir la dependencia energética de los países miembros, ya que sólo Dinamarca es independiente energéticamente.

Para que os hagáis una idea, en cuanto a gas, del 60% del gas que importa la UE, el 42% proviene de Rusia. Concretamente, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Grecia, Austria, Hungría y la República Checa dependen de las importaciones rusas de gas en más de un 70%.

En el caso de España, la mayoría procede de Argelia, que importa el 47% de la demanda española. En menor medida se importa gas de países como Nigeria, Qatar, Omán, Egipto o Libia.

 

A través de estos acuerdos, los países de la Unión se obligaban a reducir el consumo y a fomentar el aprovechamiento de energías renovables, pues nuestro continente presenta una importante escasez de recursos y de almacenamiento.

En resumen, para el año 2020 (dentro de 5 años), los Estados miembros se comprometieron a reducir el consumo de energía primaria en un 20%.

 

Si se reduce el consumo de combustibles importados y se fomenta el autoconsumo reduciríamos considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero.

 

Y aquí es cuando España debe decidir qué medidas particulares aplica para cumplir los acuerdos de los que forma parte. Entonces aprueba un peaje sobre las energías renovables.

El conocido como “peaje de respaldo” es un impuesto que el usuario de la instalación de autoconsumo debe pagar a las distribuidoras energéticas. Se aplica con el argumento de que, desde el momento en el que el “autoconsumidor” se conecta al sistema eléctrico disfruta del respaldo que le ofrece el conjunto de la infraestructura, aun cuando esté consumiendo electricidad producida por su propia instalación de generación.

 

La Unión Española Fotovoltaica ya aseguró que esta medida impide el desarrollo de las energías renovables, pues la inversión en las instalaciones que permitan el autoconsumo se hace económicamente inviable, resultando más rentable seguir consumiendo energía primaria de las distribuidoras convencionales.

 

Y es que según publicó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Balance Energético del año 2012, España depende energéticamente de las importaciones en un 70,8%, muy por encima de la media europea, con un consumo mayoritario de combustibles fósiles altamente contaminantes, como petróleo y gas.

 

Las energías renovables no sólo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al no generar CO2, sino que garantizan un suministro energético autóctono y seguro.

 

Los Estados miembros están obligados a adaptar su legislación conforme a lo establecido en las directivas europeas. El incumplimiento de la normativa comunitaria, ya sea porque la adaptación de la norma estatal se realiza fuera de los plazos determinados, o por  no ajustarse a lo dispuesto en las directivas, puede acarrear consecuencias diversas.

 

Actualmente España acumula más de 20 demandas internacionales por los recortes a las ayudas para el fomento de las energías renovables, que además, pueden perjudicar a la marca España. Empresas como Nextera Energy Holdings y Nextera Energy Spain han interpuesto hasta cinco denuncias internacionales por los recortes aplicados a la energía solar, también Abu Dabi Masdar Solar, los fondos eurpeos Eiser Infraestructure Limited, etc. La última que consta este año en el Banco Mundial fue presentada por Watkins Holdings junto con otras sociedades como Parque Eólico Marmellar.

 

Como vemos, es posible que el Estado no esté gestionando correctamente el fomento del uso de energías renovables, a pesar de que España, por su geografía y situación presenta características muy favorables para el aprovechamiento de energía solar, geotérmica, eólica, etc.

 

Sabiendo esto, ¿podemos confiar en que España sea capaz de aplicar medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero? Está claro que al Estado no parece interesarle fomentar el uso de energías renovables, que ayudarían a frenar el avance del cambio climático, cuyas consecuencias todos conocemos.

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